Suprema confirma rebaja de penas para tres violadores de menores en el Maule

Tres de los recientes casos identificados a nivel nacional por la rebaja de condenas a violadores y abusadores de menores de edad corresponden a la Región del Maule. Específicamente, se trata de fallos judiciales procedentes de tribunales de Talca y Curicó, los cuales quedaron bajo escrutinio público tras conocerse que la Corte Suprema validó los beneficios carcelarios.

Según señaló Biobiochile, el primer expediente involucra a Rodrigo Castro Cortez, condenado en 2015 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó a 15 años de cárcel por violación contra una menor de 14 años. Aunque el Ministerio de Justicia rechazó otorgarle la disminución de la condena, la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de amparo a favor del reo y fijó un plazo estricto de 24 horas para la dictación del decreto correspondiente. Esta resolución fue ratificada por la Corte Suprema, consolidando un beneficio que significó un descuento de 24 meses de prisión.

Un procedimiento similar benefició a Marcelo Benítez, sentenciado a 16 años de cárcel por delitos continuados de violación y abuso sexual en perjuicio de una menor de 14 años. La negativa inicial del Ministerio de Justicia fue revertida unánimemente por el tribunal de alzada en Talca y contó con el respaldo de la Corte Suprema, formalizando una reducción de 27 meses en su pena.

El tercer caso corresponde a Salvador Bravo Rocha, condenado a seis años de presidio por la violación de una menor de 14 años. A diferencia de las causas anteriores, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó inicialmente un recurso de la defensa, argumentando que la rebaja de condena no constituye un derecho adquirido sino una expectativa. No obstante, la Corte Suprema revocó ese dictamen y ordenó la emisión inmediata del decreto de libertad, otorgándole una rebaja de 11 meses.

Estos tres expedientes regionales forman parte de una nómina de 10 nuevos casos en los cuales la Corte Suprema resolvió ordenar la rebaja de las penas. Esta disparidad de resoluciones evidencia una falta de criterio uniforme respecto a si la prohibición legal aprobada en 2022, que excluye de beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores, es aplicable a quienes cometieron los ilícitos con anterioridad a dicho año.

Ante la controversia, el vocero subrogante de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que el Ejecutivo coordina una estrategia para lograr una solución definitiva. El ministro de Justicia intenta conformar una mesa técnica con parlamentarios para acelerar el proyecto denominado "Nunca más", buscando "evitar que vuelvan a ocurrir estas situaciones en donde personas condenadas por delitos graves puedan obtener este beneficio de reducción de condena".