SEC ordena postergar cobro de reliquidaciones eléctricas hasta julio de 2026 para mitigar impacto en hogares

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó formalmente a las empresas eléctricas del país postergar el inicio del cobro de las reliquidaciones tarifarias correspondientes al Valor Agregado de Distribución (VAD) del periodo 2020-2024.

Con esta resolución, el ajuste que debía verse reflejado en las boletas de los clientes a partir de abril de 2026, comenzará a aplicarse recién en julio del mismo año, otorgando un respiro de tres meses adicionales a los usuarios antes de la actualización de valores.

Razones tras la postergación del cobro

La decisión del organismo fiscalizador surge tras una serie de gestiones y solicitudes emanadas desde el Congreso y diversos actores del sector energético. Los parlamentarios advirtieron sobre el fuerte impacto económico que estos cobros acumulados podrían generar en el presupuesto familiar, considerando el actual escenario financiero del país.

Desde la SEC explicaron que la medida busca equilibrar el cumplimiento de la normativa legal con la realidad social de los consumidores, evitando una sobrecarga inmediata en las cuentas de luz.

Solo se aplaza la implementación

Es importante destacar que esta instrucción no elimina la deuda ni la obligación legal de reliquidar los montos pendientes por el concepto de distribución. La medida es estrictamente un aplazamiento del cronograma de facturación.

Para evitar alzas bruscas, se mantendrá el sistema de pagos en cuotas graduales, permitiendo que el monto total adeudado por el periodo 2020-2024 se diluya en el tiempo una vez que entre en vigencia en julio de 2026.

Declaraciones de la Superintendencia

Al respecto, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, enfatizó la importancia de este margen de tiempo para los procesos técnicos y sociales.

“Esta medida permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación”, señaló la autoridad.

Asimismo, Cabeza agregó que el objetivo principal es resguardar “tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias, en un contexto que requiere especial atención a sus efectos en los hogares”.

De esta manera, las empresas distribuidoras deberán ajustar sus procesos de facturación para dar cumplimiento a esta nueva directriz que retrasa el impacto en las cuentas de suministro eléctrico a nivel nacional.